El Consejo de Ministros ha decidido este viernes recurrir en el Tribunal Constitucional el decreto del País Vasco que impide la aplicación del repago farmacéutico en esa comunidad, tras conocer el dictamen del Consejo de Estado que entiende que la norma autonómica "contraviene" la básica del Estado.
El informe del Consejo, aprobado por mayoría de la Comisión Permanente, constata que el decreto autonómico "difiere" de la regulación estatal (decreto-ley 16/2012) tanto en la fijación del porcentaje de la aportación del usuario como en la relación de aquellos beneficiarios exentos, que es más amplia.
El decreto-ley permite a las comunidades mejorar o ampliar las carteras autonómicas de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), explica el Consejo de Estado.
Estas carteras complementarias podrán incorporar técnicas, tecnologías o procedimientos, pero "no parece –dice el Consejo de Estado– que puedan ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas básicas del Estado".
Al Estado corresponde "en exclusiva", de acuerdo con doctrina constitucional, definir la financiación del SNS, añade.
Tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares
El mismo decreto autonómico pretende también evitar que se retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que el Consejo interpreta como "divergente" con la legislación estatal e "incompatible" con ésta.
El Consejo de Estado indica que las comunidades autónomas "carecen de competencia" para regular materialmente el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias, por corresponder al Estado en virtud del artículo 146.1.16ª de la Constitución.
En este sentido, asegura el Consejo, la redacción del decreto-ley "no ha dejado espacio" a que las autonomías agreguen nuevas categorías de personas con derecho a las prestaciones.
Por estos y otros argumentos, existen fundamentos jurídicos "suficientes", concluye, para impugnar ante el TC el decreto sobre régimen de prestaciones del SNS en Euskadi.
También recurrirán el decreto andaluz
Asimismo, el Consejo de Ministros también ha acordado interponer un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público.
El Gobierno considera que los preceptos que se cuestionan en ese decreto vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
El Consejo de Estado mantiene que las normas andaluzas establecen un mecanismo deformación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal.
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